Actos procesales: concepto, elementos, clasificación

Actos Procesales: Concepto, Elementos y Clasificación

1. Concepto y Naturaleza de los Actos Procesales

Para comprender cabalmente qué es un acto procesal, es necesario partir de una distinción previa entre los simples hechos jurídicos y los actos jurídicos procesales propiamente dichos.

El proceso judicial ha sido caracterizado, en su elemento objetivo, como "una serie gradual, progresiva y concatenada de actos que cumplen las personas intervinientes para obtener los fines del proceso" (Ferreyra de De La Rua, Teoría General del Proceso, Tomo II, Cap. XIV). Esa concatenación implica que cada acto es consecuencia del anterior y antecedente del posterior, formando una cadena inescindible orientada a asegurar la justicia en el caso concreto y la paz social.

Los actos procesales son los actos jurídicos del proceso. Como punto de partida metodológico, la doctrina recurre a la teoría general del acto jurídico. El Código Civil —en su art. 944— definía los actos jurídicos como "actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar y aniquilar derechos". El acto procesal constituye una especie particular dentro de ese género, dotada de características propias que lo diferencian del acto jurídico civil ordinario: sus efectos se proyectan y agotan primordialmente al interior del proceso judicial.

En función de ello, el acto procesal puede ser caracterizado como "el acto jurídico emanado de las partes, de los órganos jurisdiccionales y de los terceros intervinientes en el proceso judicial, destinado a crear, modificar o extinguir efectos procesales" (Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV).

Dos definiciones doctrinarias de referencia enriquecen este concepto:

• Palacio define los actos procesales como "los hechos voluntarios que tienen por efecto directo e inmediato la constitución, el desenvolvimiento o la extinción del proceso, sea que procedan de las partes (o peticionarios) o de sus auxiliares, del órgano jurisdiccional (o arbitral) o de sus auxiliares, o de terceros vinculados a aquél con motivo de una designación, citación o requerimiento destinados al cumplimiento de una función determinada" (citado en Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV).
• Clariá Olmedo lo caracteriza como "toda declaración de voluntad o de ciencia emanada de cualquiera de los sujetos procesales o de otros intervinientes y directamente dirigida a producir el inicio, el desenvolvimiento, la paralización o la terminación del proceso conforme los preceptos de la ley ritual" (citado en Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV).

De ambas definiciones se extraen notas esenciales comunes: la voluntariedad del acto, su licitud, la calidad del sujeto del que emana (juez, partes, terceros), y la producción de efectos directos e inmediatos sobre la relación procesal.

Por ser una especie de acto jurídico, para su validez debe ser realizado con discernimiento, intención y libertad. La ausencia de capacidad de quien lo realiza constituye causal de nulidad. Asimismo, los actos realizados por ignorancia, error o dolo serán reputados sin intención, y los celebrados bajo fuerza o intimidación carecerán de libertad, afectando su eficacia (según Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV).

Cabe aclarar que no constituyen actos procesales aquellas actividades cumplidas fuera del ámbito del proceso, aunque eventualmente puedan producir efectos en él. Sin embargo, sí integran la categoría los actos de quienes, sin ser partes ni auxiliares permanentes, actúan dentro del proceso: testigos, peritos, intérpretes, martilleros, depositarios, entre otros (según Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV).

2. Elementos de los Actos Procesales

Siguiendo la concepción de Palacio —receptada por la doctrina local—, tres son los elementos del acto procesal: los sujetos, el objeto y la actividad que involucra. Este último elemento se descompone a su vez en tres dimensiones: la forma, el lugar y el tiempo (según Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV).

2.1. Los Sujetos

El sujeto constituye el elemento personal o subjetivo del acto procesal. Es quien lo realiza y, en consecuencia, debe reunir las condiciones que la ley exige para que el acto sea válido y eficaz.

• Aptitud legal (capacidad): Si el acto emana del órgano jurisdiccional, se requiere que el juez posea jurisdicción y competencia. Si proviene de las partes o peticionantes, se exige la capacidad procesal —legitimatio ad processum—. La ausencia de esta aptitud configura causal de nulidad del acto (según Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV).
• Voluntad libre de vicios: El acto debe ser ejecutado con discernimiento, intención y libertad. Los actos realizados por error, dolo o bajo coacción se ven privados de los elementos volitivos e intelectivos necesarios para su eficacia. No obstante, en el proceso, la voluntad interna se presume de la mera manifestación formal del acto, en aras de la seguridad jurídica de las actuaciones (según Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV).

Conforme señala Clariá Olmedo, el elemento volitivo y el elemento intelectivo abarcan prácticamente la totalidad de las expresiones psíquicas que pueden ser contenido de un acto del hombre (citado en Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV). Los actos procesales son, en esencia, declaraciones voluntarias de quienes los cumplen.

2.2. El Objeto

El objeto es la materia, la utilidad o el efecto jurídico perseguido con la realización del acto procesal: aquello que se pide, se decide o se produce. Para ser válido, el objeto debe reunir determinados caracteres que la doctrina procesal exige de modo uniforme:

• Lícito: No debe estar prohibido por la ley general ni por las normas del rito procesal.
• Posible: Debe ser física y jurídicamente realizable.
• Idóneo: Jurídicamente apto para lograr el fin procesal pretendido. Un objeto es inidóneo cuando la ley no prevé ese acto como camino válido para alcanzar el resultado buscado.
• Conducente: Que aporte utilidad real al desarrollo de la relación procesal, evitando actos superfluos o meramente dilatorios.

2.3. La Actividad: Forma, Lugar y Tiempo

La actividad que involucra el acto procesal es el tercer elemento estructural y comprende tres dimensiones inescindibles: la forma, el lugar y el tiempo. En conjunto, configuran el modo en que el acto debe exteriorizarse para alcanzar validez jurídica.

2.3.1. La Forma

La forma es la manifestación exterior del acto procesal, es decir, el modo o la manera en que debe instrumentarse y expresarse. El derecho procesal argentino responde a un sistema de legalidad de las formas: las solemnidades y modos están preestablecidos por los códigos de rito y no quedan librados a la discreción de los litigantes.

Dentro de las exigencias formales, el material bibliográfico destaca especialmente:

• Idioma nacional: Es obligatorio el uso del idioma castellano en todas las actuaciones del proceso. Toda documentación en idioma extranjero debe ser traducida por traductor público matriculado (según Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV).
• Forma de los escritos judiciales: Los escritos que se presentan al tribunal deben cumplir con las formalidades previstas en los códigos procesales en cuanto a estructura, firma, copias y demás requisitos rituales.
• Constitución de domicilio: Las partes deben constituir domicilio procesal en el radio del tribunal a los efectos de recibir las notificaciones correspondientes.
• Función documental: Las actuaciones procesales deben quedar documentadas fehacientemente, garantizando la certeza y la fe pública de lo ocurrido en el expediente.
• Soporte del acto: La evolución contemporánea ha transformado el clásico soporte papel —con firma hológrafa— en el expediente electrónico o digital, regido por la firma digital, las notificaciones electrónicas y las plataformas de gestión virtual del Poder Judicial (según Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV).

2.3.2. El Lugar

El lugar de realización de los actos procesales es, como regla general, la sede física del tribunal interviniente. La ley procesal, sin embargo, admite excepciones: ciertos actos —como las inspecciones judiciales, las notificaciones en domicilio o las medidas de ejecución— se cumplen fuera de la sede del juzgado (según Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV).

2.3.3. El Tiempo

El tiempo es una dimensión fundamental en el proceso. Los actos procesales deben cumplirse dentro de los plazos legalmente establecidos y en los días y horas hábiles judiciales. El incumplimiento de los plazos perentorios produce la preclusión de la etapa o facultad correspondiente, garantizando el orden progresivo del proceso (según Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV).

3. Clasificación de los Actos Procesales

La doctrina utiliza múltiples criterios para clasificar los actos procesales. El material bibliográfico recoge principalmente dos: por el sujeto que los realiza y por el objeto o función que cumplen en el proceso.

3.1. Clasificación por el Sujeto que los Realiza

Este criterio —denominado subjetivo— es el más aceptado y metodológico. Atiende a la calidad del sujeto del cual emana el acto (según Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV) y distingue tres grandes categorías:

3.1.1. Actos del Tribunal Judicial

Esta categoría debe entenderse en sentido amplio: comprende no solo los actos cumplidos por el juez, sino también los realizados por los demás funcionarios y empleados organizados dentro de la actividad jurisdiccional. Incluye asimismo los actos del fiscal de instrucción en el proceso penal cuando está a cargo de la investigación preparatoria (según Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV).

Dentro de los actos del tribunal se distinguen dos grandes subgrupos:

A) Actos de Decisión (Resoluciones Judiciales): Son las manifestaciones de voluntad del juez destinadas a resolver las contingencias del trámite o el fondo del litigio. Se subclasifican en:

• Sentencias definitivas: Constituyen el principal acto decisorio del tribunal y el último eslabón de la cadena procesal. La sentencia "es la decisión del juez que se produce cuando se pone fin al proceso de conocimiento después de su integral tramitación, decidiendo sobre el fundamento de las pretensiones hechas valer por las partes" (según Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV). Resuelve sobre el mérito o fondo de la pretensión sustancial, adquiriendo efectos de cosa juzgada.
• Autos interlocutorios: Resuelven cuestiones que guardan vinculación con la tramitación suscitada durante el curso del procedimiento y cuya resolución previa es necesaria. Son todo pronunciamiento que pone fin a un incidente o artículo dentro del proceso. A diferencia de la sentencia, "se produce sin referirse al proceso en su integral tramitación" (según Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV). Requieren fundamentación lógica y legal. En esta categoría se incluyen también los autos homologatorios, que tienen por objeto dar firmeza a una transacción o acuerdo celebrado entre las partes.
• Decretos o providencias simples: Son resoluciones judiciales de mero trámite que sirven para impulsar el procedimiento. "Tienden al desarrollo del proceso y permiten su avance hacia la decisión final" (según Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV). No requieren fundamentación sustancial ni resuelven ninguna controversia. Son ejemplos: las que tienen por interpuesta la demanda, las que ordenan agregar un documento, las que disponen la apertura a prueba o designan fechas de audiencia. Admiten a su vez una subclasificación según causen o no gravamen irreparable.

B) Actos de Gobierno: Son aquellos que tienden a la impulsión y conducción del proceso. Se subclasifican en:

• Actos de dirección: Son las atribuciones que tiene el juez para llevar adelante la actividad del proceso con orden y corrección. Se manifiestan en la facultad de imponer sanciones a quienes obstaculicen la administración de justicia y en la potestad de emplear la fuerza pública para el cumplimiento de las resoluciones (v.gr., el testigo que puede ser traído por la fuerza pública y mantenido en arresto hasta recibir su declaración) (según Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV).
• Actos de comunicación: Son aquellos por los que se comunica de manera auténtica una resolución u otra actuación jurisdiccional. Comprenden todos los actos tendientes a dar noticia de las resoluciones judiciales: oficios, exhortos, rogatorias, notificaciones, traslados, vistas, entre otros (según Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV).
• Actos de documentación: Tienen por finalidad la formación material del expediente, la incorporación de todas las actuaciones realizadas con intervención del tribunal, y el otorgamiento de carácter de instrumentos públicos a dichas actuaciones, así como la custodia y conservación de las resoluciones jurisdiccionales (protocolo de sentencias y autos) (según Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV).

3.1.2. Actos de las Partes

Comprenden los actos emanados de los otros sujetos procesales: actores, demandados, peticionantes y terceros intervinientes en el proceso civil; y también los realizados por el acusador, el imputado, el querellante y el Ministerio Público en el proceso penal. Se incluyen asimismo los actos de los colaboradores de las partes: representante legal, procurador, asesor letrado, consultor técnico, entre otros (según Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV).

Estos actos están destinados fundamentalmente a la afirmación de los hechos y a la aportación de pruebas. Integran esta categoría, entre otros: la demanda, la contestación de demanda, la reconvención, los actos de impulso procesal (v.gr., acuse de rebeldía), la oposición de excepciones, los actos de ofrecimiento y producción de prueba, y los alegatos (según Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV).

La doctrina —receptada en el resumen de cátedra— los subclasifica según la repercusión que tienen sobre la marcha de la pretensión:

• Actos de postulación o petición: Solicitan al órgano jurisdiccional un pronunciamiento o actuación específica (v.gr., la demanda, la reconvención, la interposición de un recurso).
• Actos de alegación: Introducen al expediente los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la pretensión o la defensa (v.gr., los hechos narrados en la demanda, los alegatos finales).
• Actos de prueba: Tienden a convencer al magistrado sobre la veracidad de las alegaciones fácticas. Comprenden el ofrecimiento de medios probatorios y los actos dirigidos a su efectiva producción o recepción.
• Actos de disposición procesal o sustancial: Mediante ellos las partes renuncian a facultades procesales o abdican de los derechos debatidos, provocando la terminación anormal del proceso (v.gr., el desistimiento del derecho o del proceso, el allanamiento, la transacción o la conciliación).

3.1.3. Actos de Terceros

Hacen referencia a la actividad cumplida por aquellos sujetos que, "sin ser parte, ni integrar el órgano jurisdiccional, participan —facultativa o imperativamente— en el proceso". Estas personas intervienen sin vinculación de autoridad con respecto al tribunal —sin dependencia jerárquica— y sin asumir la posición de parte ni de colaborador de éstas (según Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV).

• Actos de los testigos: Declaraciones testimoniales brindadas bajo juramento de decir verdad respecto de hechos percibidos a través de sus sentidos.
• Actos de los peritos: Dictámenes e informes técnicos elaborados por profesionales especializados sobre materias que exceden el conocimiento jurídico del juez (médicos, contadores, ingenieros, entre otros).
• Actos de los martilleros: Diligencias dirigidas a la subasta pública de bienes embargados para hacer efectiva la ejecución forzada de las sentencias incumplidas.

La enumeración no es taxativa: también integran esta categoría los actos de fiadores de medidas cautelares, depositarios de bienes embargados, intérpretes, entre otros (según Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV).

3.2. Clasificación por el Objeto o Función en el Proceso

Un segundo criterio de clasificación atiende a la función que el acto cumple en el desarrollo del proceso, distinguiendo:

• Actos de iniciación: Aquellos que dan comienzo a la relación jurídica procesal (v.gr., la demanda).
• Actos de desarrollo: Los que impulsan, instruyen y sostienen el avance del trámite hacia la decisión final (v.gr., la producción de prueba, los alegatos, las resoluciones interlocutorias).
• Actos de conclusión: Los que ponen fin al proceso, ya sea de manera normal —mediante la sentencia definitiva— o de manera anormal —mediante el desistimiento, la transacción o la conciliación— (según Ferreyra de De La Rua, Tomo II, Cap. XIV).

En síntesis, los actos procesales constituyen el elemento objetivo fundamental del proceso. Su estudio sistemático —desde su concepto, pasando por sus elementos estructurales (sujetos, objeto y actividad) hasta su clasificación por sujeto y por función— permite comprender cómo se construye, desarrolla y concluye válidamente la relación jurídica procesal en el ordenamiento argentino.