Los actos jurídicos: definición

Los Actos Jurídicos: Definición

1. Definición Legal (Art. 259 del CCCN)

El Art. 259 del Código Civil y Comercial de la Nación define al acto jurídico como "el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas". Según Rivera y Medina, esta definición mantiene la esencia del antiguo artículo 944 del Código de Vélez Sársfield, aunque introduce cambios de adaptación terminológica: el enunciado pasa del plural al singular y unifica los conceptos de "relaciones" y "situaciones" jurídicas, ampliando así el espectro de efectos que el acto puede producir más allá de los meros derechos subjetivos.

El comentario al artículo aclara que la eficacia del acto jurídico —es decir, su aptitud para producir los efectos que las partes persiguieron al celebrarlo— depende de que se verifique un equilibrio entre sus elementos estructurales. Como señalan Rivera y Medina, "tanto la eficacia como la ineficacia son calificativos exclusivos del acto jurídico", ya que solo él tiene la virtualidad de producir los efectos queridos por las partes (conf. comentario al art. 382, Rivera y Medina, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo I).

2. Caracteres del Acto Jurídico

Para que un acontecimiento sea calificado como acto jurídico, la doctrina y el propio texto legal exigen la concurrencia de los siguientes caracteres esenciales:

• Es un hecho humano: El acto jurídico emana de la conducta de una persona. Conforme a Rivera y Medina, solo podrá hablarse de conducta humana cuando la acción sea "apreciable como una emanación de esa persona y de su personalidad", quedando excluidos los actos reflejos, los producidos en estado de inconsciencia total o los que son consecuencia de una fuerza irresistible (conf. comentario al art. 257, Rivera y Medina, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo I, citando a Bueres, Compagnucci de Caso, Farina y Mayo).
• Es voluntario: Conforme al Art. 260 del CCCN, el acto voluntario es "el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior". Este carácter es indispensable: a diferencia del simple acto lícito, en el acto jurídico la voluntariedad no es indiferente sino un requisito estructural.
• Es lícito: El acto no debe estar prohibido por el ordenamiento jurídico. Rivera y Medina destacan que si el acto fuera ilícito, se regiría por las reglas de la responsabilidad civil y no por las del acto jurídico, ya que "no es acertado hablar de nulidad de un acto ilícito o de un simple acto voluntario, pues no pueden perder una eficacia que nunca tuvieron" (conf. comentario al art. 382, Rivera y Medina, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo I).
• Tiene un fin jurídico inmediato: Esta es la nota distintiva que separa al acto jurídico del simple acto lícito (Art. 258). El sujeto busca directamente producir un efecto jurídico como expresión de su autonomía privada. El Código, en la línea de la postura de Savigny, adopta el criterio del fin jurídico inmediato como elemento diferenciador (conf. comentario al art. 258, Rivera y Medina, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo I).

3. Diferencia con el Simple Acto Lícito (Art. 258)

El Art. 258 define al simple acto lícito como "la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas". La distinción con el acto jurídico radica, de manera central, en la intencionalidad del agente respecto a las consecuencias jurídicas.

Rivera y Medina explican que existen dos posturas para trazar esta distinción: la del fin jurídico (Savigny) y la del propósito o fin práctico (Danz). El Art. 258 adopta la primera. Así, en el acto jurídico el efecto jurídico es buscado directamente por el sujeto "en tanto expresión de su autonomía privada"; mientras que en el simple acto lícito los efectos se producen con independencia del querer del agente, "por la simple circunstancia de haberse colocado en la situación prevista por la norma como supuesto de hecho" (según Nieto Blanc, citado por Rivera y Medina, comentario al art. 258). Dicho de otro modo: en el acto jurídico los efectos se producen ex voluntate; en el simple acto lícito, ex lege (conf. Cifuentes y Compagnucci de Caso, citados por Rivera y Medina, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo I).

La doctrina ilustra esta distinción con ejemplos concretos:

• El alambrado de un campo: más allá del fin práctico perseguido, la ley le atribuye la condición de acto posesorio.
• La creación artística (pintar un cuadro, escribir un cuento): más allá de satisfacer ambiciones estéticas, la ley acuerda derechos intelectuales.
• La pesca y la caza: más allá del entretenimiento, la ley concede un derecho real de dominio por apropiación.
• La construcción de pared medianera: la ley atribuye el derecho de reclamar la mitad de su valor.

En todos estos casos, los efectos no se producen por la voluntad del sujeto sino por disposición legal (conf. Rivera y Medina, comentario al art. 258, citando a Cifuentes y Compagnucci de Caso).

Esta distinción tiene relevancia práctica en cuanto al régimen aplicable: frente a los simples actos lícitos no resultan aplicables las normas del Código sobre elementos, vicios e ineficacia de los actos jurídicos, quedando cada acto regido por lo dispuesto para cada hipótesis particular (conf. Cifuentes, Rivera, Orgaz y Cariota Ferrara, citados por Rivera y Medina, comentario al art. 258, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo I).

4. Estructura y Requisitos de Validez

Para que el acto jurídico produzca plenamente sus efectos, la doctrina exige un equilibrio entre sus elementos estructurales. Rivera y Medina señalan que "sólo entonces, cuando se logre un equilibrio entre la aptitud subjetiva de los otorgantes, una voluntad no viciada, un objeto idóneo y una causa lícita, el acto podrá producir con plenitud la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas en los términos del art. 259" (Rivera y Medina, comentario al art. 259, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo I).

Los elementos estructurales son:

• Sujeto: Debe contar con capacidad —negocial de hecho y de derecho— y legitimación para el otorgamiento del acto.
• Voluntad: Debe estar libre de vicios. El Art. 260 exige que el acto sea ejecutado con discernimiento, intención y libertad. Los vicios que pueden afectarla son el error, el dolo y la violencia.
• Objeto: El Art. 279 exige que el objeto sea un hecho posible, lícito, conforme a la moral y el orden público, y que no lesione derechos de terceros ni la dignidad humana. Rivera y Medina subrayan que "no basta con que el acto haya sido realmente querido, sino también que lo querido sea conforme a Derecho". Asimismo, el objeto debe ser determinado o determinable (conf. arts. 1005 y 1006, citados por Rivera y Medina, comentario al art. 279, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo I, siguiendo a Bueres).
• Causa: El Art. 281 la define como el fin inmediato y determinante de la voluntad, que no podrá ser contrario a Derecho. Rivera y Medina señalan que hace falta que el acto cuente con causa como "fin inmediato y determinante de la voluntad" para que estructuralmente pueda hablarse de un acto jurídico idóneo (conf. comentario al art. 259, Rivera y Medina, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo I).
• Forma: En ciertos casos, la ley exige una exteriorización específica como requisito de validez del acto (Art. 285). Cuando así ocurra, la forma pasa a ser un tercer elemento o requisito estructural necesario para que el acto sea válido (conf. Rivera y Medina, comentario al art. 259, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo I).

Nota doctrinaria relevante: Rivera y Medina aclaran que, si bien el Código adopta la postura tradicional de Savigny basada en el fin jurídico inmediato, no es necesario que las partes tengan conocimientos técnicos sobre el Derecho al celebrar el acto. Basta con que persigan un fin práctico protegido por el ordenamiento para que la ley les asigne los efectos jurídicos correspondientes. En ese sentido, la jurisprudencia ha señalado que "la intención negocial que en su estructura es propia de los actos jurídicos es una dirección de la voluntad, un propósito sostenido en conocimientos empíricos, bien socio-económicos de sus efectos, que resulta suficiente para la caracterización del negocio" (CNCiv., sala C, 20/12/1984, LA LEY, 1986-E, 697, citado por Rivera y Medina, comentario al art. 259, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo I).