CASO: Asociación Civil Fondo Cívico Argentino.

En 2023, un grupo de profesionales entre ellos la contadora Agustina Luján, el abogado Ramiro Ortega y el empresario Mateo Ferrer - constituyen la asociación civil Fondo Cívico Argentino, orientada a promover la educación y la participación ciudadana. La entidad obtiene financiamiento estatal a través de un convenio con el Ministerio de Educación y donaciones privadas. Uno de sus proyectos, Escuelas Futuras, tenía como objetivo equipar escuelas con tecnología educativa. Sin embargo, una auditoría del Tribunal de Cuentas detecta desvío de fondos hacia cuentas personales de Mateo Ferrer, presidente de la asociación. Agustina, como tesorera, había firmado las órdenes de pago sin verificar los documentos respaldatorios. Ferrer alega que los fondos eran anticipos contractuales. En paralelo, Ramiro Ortega firma un contrato de prestación de servicios con la empresa Innova S.A., sin aprobación formal del órgano de administración. Innova demanda por incumplimiento y exige que la asociación cumpla el contrato. Agustina, buscando evitar el escándalo, otorga un mandato con representación a un allegado para vender una propiedad de la asociación. El acto no fue aprobado por la asamblea, y se denuncia falsedad en la representación orgánica.
La situación escala cuando, tras una reunión interna, Mateo Ferrer protagoniza un grave accidente de tránsito. Conduce alcoholizado, pierde el control del vehículo y tropella a un ciclista. El hecho causa gran repercusión mediática. La prueba de alcoholemia da positivo, y la fiscalía inicia una causa por lesiones culposas agravadas. La defensa de Ferrer sostiene que estaba emocionalmente alterado y bajo presión mediática. La víctima inicia una acción civil por daños. En medio del escándalo, el Congreso inicia un debate constitucional sobre la legalidad de financiar con dinero público a entidades como Fondo Cívico. Un partido político impugna judicialmente el convenio, por considerarlo violatorio de los principios de legalidad, igualdad y control del gasto público. Agustina luego de desvincularse de la asociación, se postula como defensora pública federal. Su candidatura es observada por el Consejo de la Magistratura, que analiza su rol como tesorera durante la gestión cuestionada.